Expedientes de Expulsión

 

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Modelo de Alegaciones de 48 Horas de Extranjero con Solicitud de Arraigo en Trámite...                    

 Renovación de permisos de residencia, denegación de renovación, denegación de residencia, antecedentes penales, abogada de extranjería, abogados de extranjeros en madrid  Elena Abella

  (Abogada)

 

 

MODELO DE ALEGACIONES 48 HORAS

SIN DELITO, CON SOLICITUD DEL PERMISO DE RESIDENCIA POR ARRAIGO EN TRAMITE

 

 

AL MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

PROCEDENTE: COMISARIA GETAFE

 

 

DOÑA ELENA ABELLA DIAZ, mayor de edad, colegiada 61.933 y domicilio profesional en Madrid, calle Embajadores Nº 206 Duplicado, 1º B, 28045, designada de oficio para la defensa de DON……….. mayor de edad, nacional de Bolivia, ante esta Jefatura comparezco y como más procedente sea en Derecho, DIGO:

 

Que con fecha 22 de Septiembre de 2010 ha sido notificado acuerdo de dicha fecha, por el que se da inicio al procedimiento de expulsión vía preferente de DON…………. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 apartados 4 y 5 de la Ley Orgánica 4/200 y artículo 130 de su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre, formulo dentro del plazo concedido de 48 horas las siguientes

 

ALEGACIONES

 

PRIMERA.- Los hechos imputados a mí representado son: CARECER DE DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU ESTANCIA LEGAL EN ESPAÑA. En ningún momento se indica que fuese detenido por su participación presunta en algún tipo de delito, sino que su detención se produjo sin causa justificada alguna y por el mero hecho de ser extranjero, pues sus rasgos así lo indican.

 

La resolución administrativa sobre la que se formulan las presentes, en su hecho segundo y motivador del presente expediente literalmente dice: Los hechos antes reseñados, pudieran ser constitutivos de la infracción administrativa prevista en el artículo. 53.1 a) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por las también Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003 y 02/2009, en adelante L.O. 4/00. Sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que señala como infracción: Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente." Por lo que el expediente se inicia únicamente por la carencia de documentación en el momento de su detención.

 

SEGUNDA.- Don ………fue detenido por encontrarse indocumentado, manifestando llevar 4 años en España. Acreditamos su identidad así como su estancia en el país con copia de su pasaporte y de su certificado de empadronamiento que adjuntamos como documentos nº 1y 2..

 

Mi representado salió de su país, para procurar cubrir las necesidades mínimas de su familia, dada la irremediable penuria a la que están sometidos en Bolivia donde no pueden obtener los medios para subsistir dignamente, allí permanece parte de su familia a los que envía dinero con regularidad.

 

Durante todos estos años …. ha intentado legalizar su situación pero no podía hacerlo hasta que no hubieran trascurridos 3 años continuados de estancia en nuestro país conforme establece la vigente ley de extranjería.

 

El pasado 9 de Abril de 2010 presentó solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, pues ya cumplía los requisitos establecidos en el artículo 45.2 b). Aportamos como documento nº 3 copia de la solicitud.

 

Al día de la fecha la solicitud de mi representado sigue en trámite a pesar de haber trascurrido el plazo de tres meses establecido por la legislación para resolver las solicitudes de arraigo, sin que pueda en modo alguno castigársele por un retraso que es debido únicamente a la administración y a su volumen de trabajo que les impide tramitar las solicitudes a tiempo. Se adjunta como documento nº 4 impreso justificativo de que la solicitud de Don ………. continua en trámite.

 

TERCERA.- Es necesario reiterar además que el único motivo del la incoación del presente expediente es la falta de documentación que acredite la estancia regular en España de mi representado, falta que sin embargo debe quedar subsanada pues tal y como se ha manifestado y ha quedado acreditado está pendiente de resolución su solicitud de arraigo presentada, de ahí que la tramitación del expediente carezca de sentido.

 

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en su sentencia 94/1993, de 22 de marzo que, declaró que la Administración no puede expulsar por carecer de la documentación preceptiva a quien ha instado su expedición sin haber resuelto previamente si tiene derecho o no a obtener el permiso de residencia. Lo mismo se ha declarado en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, entre las que cabe citar las de 29 de Marzo de1988, 29 de Mayo de 1991, 19 de Julio de 1996, 25 de Noviembre de 1996, 19 de Febrero de 2000, 22 de Julio de 2000, 30 de Octubre de 2000, 19 de Diciembre de 2000 y 3 de Abril de 2002, conforme a las que constituye doctrina jurisprudencial consolidada que no es conforme a derecho la orden de expulsión o la obligación de salida del territorio nacional mientras la Administración no haya resuelto la solicitud de permiso de residencia, de trabajo o de regularización de la situación de un ciudadano extranjero.

 

En el presente supuesto Don……… solicitó permiso de residencia por circunstancias excepcionales el pasado 4 de Abril de 2009 el cual continúa en trámite, debiendo por tanto procederse al archivo del presente expediente.

 

CUARTA.- La sanción de expulsión que se pretende imponer no es proporcional con las circunstancias del caso, mi representado no ha cometido delito alguno, pues fue detenido por mero de hecho de ser extranjero y encontrarse indocumentado, sin que ningún momento se le imputara la presunta comisión de hecho delictivo alguno, pues en el momento de su detención únicamente se constató que carecía de la documentación precisa para residir en España.

 

Conforme dispone el artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la 8/2000, el hecho de encontrarse irregularmente en territorio español supone una infracción grave y como tal debería llevar aparejada una sanción, pero dicha sanción no tiene que ser forzosamente la expulsión del territorio nacional.

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Extranjería, cuando la infracción sea la tipificada en el artículo 53 a), podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional, lo que implica que no necesariamente se ha de iniciar un expediente de expulsión, pudiéndose imponer una multa pecuniaria. Disponiendo el apartado 3 del artículo 55, regulador de las sanciones, lo siguiente:

 

"Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a los criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia”.

 

Don Jaime no ha realizado conductas que revelen peligrosidad, por lo que adoptar la medida de expulsión es totalmente desproporcionada y no ajustada a la trascendencia de los hechos, máxime cuando se encuentra pendiente de resolverse su solicitud de permiso de residencia por circunstancias excepcionales.

 

La aplicación automática de la sanción de expulsión en casos como el presente, tal y como sistemáticamente se viene haciendo, vulnera claramente el espíritu de la Ley, pues de haber sido querido por el legislador que en estos supuestos la expulsión fuese la sanción a imponer habría optado por la expresión “se impondrá” o cualquier otra con idéntico significado, en lugar de la existente “podrá” que implica una facultad, y como tal ha de estar acomodada a las circunstancias del extranjero y al hecho motivador de su detención.

 

En definitiva mi representado merece una oportunidad, no ya solo por las circunstancias expuestas, sino también por evidentes motivos humanitarios pues expulsar a un hombre en el momento en el que está a punto de conseguir regularizar su situación, supondría dejarle en una situación de desamparo material y afectiva, que de ninguna manera puede estar amparada por la trascendencia de los hechos, que reitero, ha sido únicamente carecer de documentación en el momento de su detención.

 

El Tribunal Supremo recientemente ha sentado jurisprudencia en el sentido indicado, es decir, que si en el expediente no hay circunstancias adicionales a la mera carencia de permiso se ha de imponer una sanción pecuniaria, quedando reservada la expulsión para aquellos supuestos en los que se observa un plus de peligrosidad o reticencia por parte del extranjero para regularizar su situación. En este sentido son significativas las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2006, (EDJ 2006/4016 y 2006/4017), entre otras, disponiendo literalmente ésta última que:

 

“En la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, la expulsión del territorio nacional no era considerada una sanción, y así se deduce de una interpretación conjunta de sus artículos 26 y 27, al establecerse como sanción para las infracciones de lo dispuesto en la Ley la de multa y prescribirse que las infracciones que den lugar a la expulsión no podrían ser objeto de sanciones pecuniarias. Quedaba, pues, claro en aquella normativa que los supuestos en que se aplicaba la multa no podían ser castigados con expulsión.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49-a), 51-1-b) y 53-1), en regulación mantenida por la reforma operada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (artículos 53-a), 55-1-b) y 57-1), cambia esa concepción de la expulsión, y prescribe que en el caso de infracciones muy graves y graves de las letras a), b), c), d) y f) del artículo 53 “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español”, e introduce unas previsiones a cuyo tenor “para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas (sic) se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad, y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia”.


De esta regulación se deduce:


1º.- Que el encontrarse ilegalmente en España (una vez transcurridos los noventa días previstos en el artículo 30-1 y 2 de la Ley 4/2000, reformada por la Ley 8/2000 ya que durante los primeros noventa días no procede la expulsión sino la devolución), repetimos ese encontrarse ilegalmente en España, según el artículo 53-a), puede ser sancionado o con multa o con expulsión. No sólo se deduce esto del artículo 53-a) sino también del artículo 63-2 y 3, que expresamente admite que la expulsión puede no ser oportuna (artículo 63-2) o puede no proceder (artículo 63-3), y ello tratándose, como se trata, del caso del artículo 53-a), es decir, de la permanencia ilegal.

Por su parte, el Reglamento 864/2001, de 20 de julio, expresamente habla de la elección entre multa o expulsión, pues prescribe en su artículo 115 que “podrá acordarse la expulsión del territorio nacional, salvo que el órgano competente para resolver determine la procedencia de la sanción de multa”, (Dejemos de lado ahora el posible exceso del Reglamento, que, en este precepto y en contra de lo dispuesto en la Ley, parece imponer como regla general la expulsión y como excepción la multa). Lo que importa ahora es retener que, en los casos de permanencia ilegal, la Administración, según los casos, puede imponer o bien la sanción de multa o bien la sanción de expulsión.


2º.- En el sistema de la Ley la sanción principal es la de multa, pues así se deduce de su artículo 55-1 y de la propia literalidad de su artículo 57-1, a cuyo tenor, y en los casos, (entre otros) de permanencia ilegal, “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional”,


3º.- En cuanto sanción más grave y secundaria, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, ya que ésta es castigada simplemente, como hemos visto, con multa. Según lo que dispone el artículo 55-3, (que alude a la graduación de las sanciones, pero que ha de entenderse que resulta aplicable también para elegir entre multa y expulsión), la Administración ha de especificar, si impone la expulsión, cuáles son las razones de proporcionalidad, de grado de subjetividad, de daño o riesgo derivado de la infracción y, en general, añadimos nosotros, cuáles son las circunstancias jurídicas o fácticas que concurren para la expulsión y prohibición de entrada, que es una sanción más grave que la de multa.


4º.- Sin embargo, resultaría en exceso formalista despreciar esa motivación por el hecho de que no conste en la resolución misma, siempre que conste en el expediente administrativo.


En efecto:


A) Tratándose de supuestos en que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos, es claro que la Administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a la sanción de expulsión, ya que la permanencia ilegal, en principio, como veíamos, se sanciona con multa.


B) Pero en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará ésta de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora.


Por lo expuesto,

 

 

SOLICITO, que teniendo por presentado el presente escrito con los documentos adjuntos se sirva admitirlo y tener por efectuadas las alegaciones que anteceden y en su virtud acuerde archivar el presente expediente ya que el interesado ha solicitado permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que esta pendiente de resolverse, o subsidiariamente acuerde transformar la propuesta de expulsión en una sanción económica en virtud del principio de proporcionalidad.