Expedientes de Expulsión

 

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Modelos de Alegaciones de 48 Horas de Extranjero con Cita para presentar....                         

 Renovación de permisos de residencia, denegación de renovación, denegación de residencia, antecedentes penales, abogada de extranjería, abogados de extranjeros en madrid  Elena Abella

  (Abogada)

 

 

MODELO DE ALEGACIONES 48 HORAS

SIN DELITO, CON CITA PARA PRESENTAR EL PERMISO DE RESIDENCIA POR ARRAIGO

 

 

AL MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

BRIGADA DE EXTRANJERIA GRUPO III


 

DOÑA ELENA ABELLA DIAZ, mayor de edad, con D.N.I. 50.727.626-E y domicilio profesional en Madrid, calle Embajadores Nº 206 Duplicado, 1º B, 28045, Abogada, designada de oficio para la defensa de DOÑA………, mayor de edad, de nacionalidad Boliviana y con domicilio en la C…………….. de Madrid, ante esta Jefatura comparezco y como más procedente sea en Derecho, DIGO:

 

Que con fecha 28 de Mayo de 2009 ha sido notificado acuerdo de dicha fecha, por el que se da inicio al procedimiento de expulsión vía preferente de DOÑA…………… y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 apartados 1 y 3 del Reglamento de Extranjería, aprobado por Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre, formulo dentro del plazo concedido de 48 horas las siguientes

 

ALEGACIONES

 

PRIMERA.- Los hechos imputados a mí representada son: CARECER DE DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU ESTANCIA LEGAL EN ESPAÑA. En ningún momento se indica que fuese detenida por su participación presunta en algún tipo de delito, sino que su detención se produjo sin causa justificada alguna y por el mero hecho de ser extranjera, pues sus rasgos así lo indican.

 

La resolución administrativa sobre la que se formulan las presentes, en su hecho segundo y motivador del presente expediente literalmente dice: Los hechos antes reseñados, pudieran ser constitutivos de la infracción administrativa prevista en el artículo. 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por las también Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003. Sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que señala como infracción: Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente." Por lo que el expediente se inicia únicamente por la carencia de documentación en el momento de su detención.

 

SEGUNDA.- Doña …………………fue detenida por encontrarse indocumentada, manifestando llevar casi tres años España y 4 meses en España, habiendo entrado en el territorio a través del puesto fronterizo, concretamente el 28 de Febrero de 2006, conforme puede comprobarse con copia de su pasaporte por medio del cual acreditamos su identidad así como su entrada legal en España documento nº 1 y 2.

 

Desde su llega al país mi representada hizo todo lo posible por integrarse en el mismo, empadronándose documento nº 3, dándose de alta en la Seguridad Social documento nº 4, y acogiéndose a varios programas de ayudas para inmigrantes que no sólo la prestaron el auxilio necesario durante los primeros meses a su llegada a España sino que a través de los mismos a realizado cursos de formación que demuestran el interés sincero de Doña ……… de integrarse en nuestra sociedad documentos nº 5 a nº 7.

 

La recurrente se inscribió igualmente en el Consulado de Bolivia en Madrid documento nº 8 prueba más que suficiente de que en ningún momento quiere permanecer inactiva ni ocultar su estancia en nuestro país.

 

Durante estos años y de forma continuada Doña……… ha estado enviando dinero a su familia que permanecen en Bolivia y que gracias al dinero y esfuerzo de esta pueden sobrevivir debido a la lamentable situación en la que se encuentran en el país. Documentos nº 9 a nº 11.

 

TERCERO.- En la actualidad mi representada trabaja se encuentra realizando los tramites para regularizar su situación por circunstancias excepcionales al amparo de lo establecido en el artículo 45. 2 b) del Reglamento de la Ley de Extranjería, ya que lleva tres años de residencia continuada en España, carece de antecedentes penales en este país así como en el origen, y la empresario para el que trabaja en la actualidad está dispuesto a suscribir el correspondiente contrato de trabajo, pudiendo obtener sin problemas un informe que acredite su inserción social, al haber residido sin incidencia alguna durante los últimos años en Madrid.

 

Acreditamos las anteriores manifestaciones con la siguiente documentación:

 

- Contrato de trabajo a nombre de mi representada que cumple todas las garantías legales documento nº 12.

 

- Certificado de antecedes penales debidamente legalizado documento nº 13.

 

- Solicitud de cita de fecha 22 de Mayo de 2009 en el Ayuntamiento para llevar a cabo el informe de inserción social.

 

Iniciar ahora un procedimiento de expulsión en el momento en que Doña …………. está ha punto de regularizar su situación, es ir en contra del espíritu integrador reconocido por la Ley, actuando fuera del objetivo pretendido por el Legislador.

 

Si mi representada ha permanecido ilegal durante estos años no ha sido por su voluntad, pues tal y como se ha acreditado, desde el primer momento ha hecho todo lo posible por integrarse en nuestro país, ha sido la propia ley de Extranjería la que le ha impedido regularizar su situación pues no habían transcurridos los 3 años de estancia continuada que la misma exige; y ahora cuando por fin puede regularizar su situación y ha obtenido toda la documentación que la ley le exige la Administración pretende expulsarla de España, es evidente que de llevarse a cabo la misma la situación cometida con Doña……… sería totalmente injusta y desproporcionada.

 

TERCERA.-- La sanción de expulsión que se pretende imponer no es proporcional con las circunstancias del caso, mi representada no ha cometido delito alguno, pues fue detenida por mero de hecho de ser extranjera y encontrarse indocumentada, sin que ningún momento se le imputara la presunta comisión de hecho delictivo alguno, pues en el momento de su detención únicamente se constató que carecía de la documentación precisa para residir en España.

 

Conforme dispone el artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la 8/2000, el hecho de encontrarse irregularmente en territorio español supone una infracción grave y como tal debería llevar aparejada una sanción, pero dicha sanción no tiene que ser forzosamente la expulsión del territorio nacional.

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Extranjería, cuando la infracción sea la tipificada en el artículo 53 a), podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional, lo que implica que no necesariamente se ha de iniciar un expediente de expulsión, pudiéndose imponer una multa pecuniaria. Disponiendo el apartado 3 del artículo 55, regulador de las sanciones, lo siguiente:

 

"Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a los criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia”.

 

Mi representada no ha realizado conductas que revelen peligrosidad, por lo que adoptar la medida de expulsión es totalmente desproporcionada y no ajustada a la trascendencia de los hechos, máxime cuando tal y como se ha acreditado está a punto de regularizar su situación por arraigo.

 

La aplicación automática de la sanción de expulsión en casos como el presente, tal y como sistemáticamente se viene haciendo, vulnera claramente el espíritu de la Ley, pues de haber sido querido por el legislador que en estos supuestos la expulsión fuese la sanción a imponer habría optado por la expresión “se impondrá” o cualquier otra con idéntico significado, en lugar de la existente “podrá” que implica una facultad, y como tal ha de estar acomodada a las circunstancias del extranjero y al hecho motivador de su detención.

 

En definitiva mi representada merece una oportunidad, no ya solo por las circunstancias expuestas, sino también por evidentes motivos humanitarios pues expulsar a una mujer en el momento en el que está a punto de conseguir regularizar su situación, supondría dejarla en una situación de desamparo material y afectiva, que de ninguna manera puede estar amparada por la trascendencia de los hechos, que reitero, ha sido únicamente carecer de documentación en el momento de su detención.

 

El Tribunal Supremo recientemente ha sentado jurisprudencia en el sentido indicado, es decir, que si en el expediente no hay circunstancias adicionales a la mera carencia de permiso se ha de imponer una sanción pecuniaria, quedando reservada la expulsión para aquellos supuestos en los que se observa un plus de peligrosidad o reticencia por parte del extranjero para regularizar su situación. En este sentido son significativas las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2006, (EDJ 2006/4016 y 2006/4017), entre otras, disponiendo literalmente ésta última que:

 

“En la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, la expulsión del territorio nacional no era considerada una sanción, y así se deduce de una interpretación conjunta de sus artículos 26 y 27, al establecerse como sanción para las infracciones de lo dispuesto en la Ley la de multa y prescribirse que las infracciones que den lugar a la expulsión no podrían ser objeto de sanciones pecuniarias. Quedaba, pues, claro en aquella normativa que los supuestos en que se aplicaba la multa no podían ser castigados con expulsión.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49-a), 51-1-b) y 53-1), en regulación mantenida por la reforma operada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (artículos 53-a), 55-1-b) y 57-1), cambia esa concepción de la expulsión, y prescribe que en el caso de infracciones muy graves y graves de las letras a), b), c), d) y f) del artículo 53 “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español”, e introduce unas previsiones a cuyo tenor “para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas (sic) se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad, y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia”.


De esta regulación se deduce:


1º.- Que el encontrarse ilegalmente en España (una vez transcurridos los noventa días previstos en el artículo 30-1 y 2 de la Ley 4/2000, reformada por la Ley 8/2000 ya que durante los primeros noventa días no procede la expulsión sino la devolución), repetimos ese encontrarse ilegalmente en España, según el artículo 53-a), puede ser sancionado o con multa o con expulsión. No sólo se deduce esto del artículo 53-a) sino también del artículo 63-2 y 3, que expresamente admite que la expulsión puede no ser oportuna (artículo 63-2) o puede no proceder (artículo 63-3), y ello tratándose, como se trata, del caso del artículo 53-a), es decir, de la permanencia ilegal.


Por su parte, el Reglamento 864/2001, de 20 de julio, expresamente habla de la elección entre multa o expulsión, pues prescribe en su artículo 115 que “podrá acordarse la expulsión del territorio nacional, salvo que el órgano competente para resolver determine la procedencia de la sanción de multa”, (Dejemos de lado ahora el posible exceso del Reglamento, que, en este precepto y en contra de lo dispuesto en la Ley, parece imponer como regla general la expulsión y como excepción la multa). Lo que importa ahora es retener que, en los casos de permanencia ilegal, la Administración, según los casos, puede imponer o bien la sanción de multa o bien la sanción de expulsión.


2º.- En el sistema de la Ley la sanción principal es la de multa, pues así se deduce de su artículo 55-1 y de la propia literalidad de su artículo 57-1, a cuyo tenor, y en los casos, (entre otros) de permanencia ilegal, “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional”,


3º.- En cuanto sanción más grave y secundaria, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, ya que ésta es castigada simplemente, como hemos visto, con multa. Según lo que dispone el artículo 55-3, (que alude a la graduación de las sanciones, pero que ha de entenderse que resulta aplicable también para elegir entre multa y expulsión), la Administración ha de especificar, si impone la expulsión, cuáles son las razones de proporcionalidad, de grado de subjetividad, de daño o riesgo derivado de la infracción y, en general, añadimos nosotros, cuáles son las circunstancias jurídicas o fácticas que concurren para la expulsión y prohibición de entrada, que es una sanción más grave que la de multa.


4º.- Sin embargo, resultaría en exceso formalista despreciar esa motivación por el hecho de que no conste en la resolución misma, siempre que conste en el expediente administrativo.


En efecto:


A) Tratándose de supuestos en que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos, es claro que la Administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a la sanción de expulsión, ya que la permanencia ilegal, en principio, como veíamos, se sanciona con multa.


B) Pero en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará ésta de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora.


Por lo expuesto,

 

SOLICITO, que teniendo por presentado el presente escrito con los documentos adjuntos se sirva admitirlo y tener por efectuadas las alegaciones que anteceden y en su virtud acuerde archivar el presente expediente, o subsidiariamente acuerde transformar la propuesta de expulsión en una sanción económica en virtud del principio de proporcionalidad.