Expedientes de Expulsión

 

Derecho de Extranjería , Abogados Expertos en Expedientes de Expulsión de Extranjeros, Internamientos en el Centro de Internamientos de Extranjeros, CIE, C.I.E., Madrid, Carabanchel, Asistencia a extranjero en comisaría, medidas cautelares para extranjeros, sanción de expulsión, dercreto de expulsión, buenos abogados de extranjeros, alegaciones de expulsión

 

Tlf.91.530.96.95

Más Información 

Secciones > Extranjería > Expedientes de Expulsión > Modelos                                  

 

Modelos de Alegaciones de 48 Horas de Extranjero Detenido por la Comisión de un Delito...                                                                                                   

 Renovación de permisos de residencia, denegación de renovación, denegación de residencia, antecedentes penales, abogada de extranjería, abogados de extranjeros en madrid  Elena Abella

  (Abogada)

 

 

MODELO ALEGACIONES 48 HORAS,

DETENIDO POR LA COMISION DE UN DELITO, MENOS DE TRES AÑOS EN ESPAÑA, CON FAMILIA RESIDENTE LEGAL.

 

 

AL MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

PROCEDENTE: COMISARIA SECTOR MOVIL ESTACION DE CHAMARTIN

 

DOÑA ELENA ABELLA DIAZ, mayor de edad, con D.N.I. 50.727.626-E y domicilio profesional en Madrid, calle Embajadores 206 Duplicado, 1º B, 28045, Abogada, designada de oficio para la defensa de DON……… mayor de edad, nacional de Costa de Marfil y con domicilio en la Calle…………… de Getafe ante esta Jefatura comparezco y como más procedente sea en Derecho, DIGO:

 

Que con fecha 23 de febrero de 2010 ha sido notificado acuerdo de dicha fecha, por el que se da inicio al procedimiento de expulsión vía preferente de DON……… y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 apartados 1 y 3 del Reglamento de Extranjería, aprobado por Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre, formulo dentro del plazo concedido de 48 horas las siguientes

 

ALEGACIONES

 

PRIMERA.- Mi patrocinado fue detenido por un presunto delito de usurpación de estado civil, comprobándose en el momento de su detención que CARECIA DE DOCUMENTACION QUE ACREDITASE SU ESTANCIA LEGAL EN ESPAÑA.

 

Hasta la fecha no ha recaído sentencia por los presuntos hechos delictivos cometidos, debiendo por tanto prevalecer su presunción de inocencia.

 

La resolución administrativa sobre la que se formulan las presentes, en su hecho segundo y motivador del presente expediente literalmente dice: Los hechos antes reseñados, pudieran ser constitutivos de la infracción administrativa prevista en el artículo. 53.1 a) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por las también Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 14/200 y 2/2009, en adelante L.O. 4/00. Sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que señala como infracción: Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente."

 

Por lo que el expediente se inicia únicamente por la carencia de documentación en el momento de su detención.

 

SEGUNDA.- Don ………. lleva residiendo en España desde el año 2008, salió de su país para procurar que las necesidades mínimas de su familia, dada la irremediable penuria a la que están sometidos en Costa de Marfil donde apenas si alcanzan a subsistir.

 

Mi representado ha trabajado en la construcción durante estos meses y hasta la fecha ha sido víctima del egoísmo de los empresarios para los que ha trabajado, pues han requerido sus servicios sin proceder a solicitar los permisos necesarios, habiendo tenido que aceptar trabajos mal remunerados, con jornadas que casi siempre superaban la legalmente permitida, sin que los empresarios le hayan aportado la documentación precisa para legalizar su situación en España. En la actualidad Don………. ha encontrado un empresario dispuesto a contratarle, pero no puede legalizar su situación hasta que no hayan trascurridos 3 años continuados de estancia en nuestro país conforme establece la vigente ley de extranjería, encontrándose por tanto ante una situación compleja e injusta; pues por un lado se le incoa un expediente de expulsión por encontrarse ilegal, pero sin embargo se le impide regularizar su situación, a pesar de contar con un empresario dispuesto a ayudarle, al no llevar el suficiente tiempo en España.

 

TERCERA.- Mi representado convive en España con su hermano……….. quien como ha hecho hasta el momento puede encargarse de su sustento hasta que pueda regularizar su situación o se resuelva el presente expediente.

 

De acordarse la medida propuesta se estará arremetiendo contra uno de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, como es la protección que se dispensa constitucionalmente a la familia, recogido específicamente en el artículo 39 de nuestra Carta Magna que dispone que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Protección que no se dará si se impide a mi representado estar con su hermano por un periodo mínimo de 3 años, fundamentado únicamente en no estar legalmente en España y sin haber cometido delito alguno u acto que ponga de manifiesto su peligrosidad.

 

CUARTO.- La sanción de expulsión que se puede imponer no sería proporcional con las circunstancias del caso, ya que mi representado hasta la fecha no ha sido condenado por la comisión de delito alguno debiendo prevalecer la presunción de inocencia que ampara a toda persona.

 

Conforme dispone el artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, con sus respectivas modificaciones, el hecho de encontrarse irregularmente en territorio español supone una infracción grave y como tal debería llevar aparejada una sanción, pero dicha sanción no tiene que ser forzosamente la expulsión del territorio nacional.

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Extranjería, cuando la infracción sea la tipificada en el artículo 53 a), podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional, lo que implica que no necesariamente se ha de iniciar un expediente de expulsión, pudiéndose imponer una multa pecuniaria. Disponiendo el apartado 3 del artículo 55, regulador de las sanciones, lo siguiente: "Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a los criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia”.

 

Don…….. no ha realizado conductas que revelen peligrosidad, por lo que adoptar la medida de expulsión es totalmente desproporcionada y no ajustada a la trascendencia de los hechos.

 

La aplicación automática de la sanción de expulsión en casos como el presente, tal y como sistemáticamente se viene haciendo, vulnera claramente el espíritu de la Ley, pues de haber sido querido por el legislador que en estos supuestos la expulsión fuese la sanción a imponer habría optado por la expresión “se impondrá” o cualquier otra con idéntico significado, en lugar de la existente “podrá” que implica una facultad, y como tal ha de estar acomodada a las circunstancias del extranjero y al hecho motivador de su detención.

 

El Tribunal Supremo recientemente ha sentado jurisprudencia en el sentido indicado, es decir, que si en el expediente no hay circunstancias adicionales a la mera carencia de permiso se ha de imponer una sanción pecuniaria, quedando reservada la expulsión para aquellos supuestos en los que se observa un plus de peligrosidad o reticencia por parte del extranjero para regularizar su situación. En este sentido son significativas las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2006, (EDJ 2006/4016 y 2006/4017), entre otras, disponiendo literalmente ésta última que:

 

“En la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, la expulsión del territorio nacional no era considerada una sanción, y así se deduce de una interpretación conjunta de sus artículos 26 y 27, al establecerse como sanción para las infracciones de lo dispuesto en la Ley la de multa y prescribirse que las infracciones que den lugar a la expulsión no podrían ser objeto de sanciones pecuniarias. Quedaba, pues, claro en aquella normativa que los supuestos en que se aplicaba la multa no podían ser castigados con expulsión.

 

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49-a), 51-1-b) y 53-1), en regulación mantenida por la reforma operada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (artículos 53-a), 55-1-b) y 57-1), cambia esa concepción de la expulsión, y prescribe que en el caso de infracciones muy graves y graves de las letras a), b), c), d) y f) del artículo 53 “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español”, e introduce unas previsiones a cuyo tenor “para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas (sic) se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad, y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia”.

De esta regulación se deduce:

 

1º.- Que el encontrarse ilegalmente en España (una vez transcurridos los noventa días previstos en el artículo 30-1 y 2 de la Ley 4/2000, reformada por la Ley 8/2000 ya que durante los primeros noventa días no procede la expulsión sino la devolución), repetimos ese encontrarse ilegalmente en España, según el artículo 53-a), puede ser sancionado o con multa o con expulsión. No sólo se deduce esto del artículo 53-a) sino también del artículo 63-2 y 3, que expresamente admite que la expulsión puede no ser oportuna (artículo 63-2) o puede no proceder (artículo 63-3), y ello tratándose, como se trata, del caso del artículo 53-a), es decir, de la permanencia ilegal.

 

Por su parte, el Reglamento 864/2001, de 20 de julio, expresamente habla de la elección entre multa o expulsión, pues prescribe en su artículo 115 que “podrá acordarse la expulsión del territorio nacional, salvo que el órgano competente para resolver determine la procedencia de la sanción de multa”, (Dejemos de lado ahora el posible exceso del Reglamento, que, en este precepto y en contra de lo dispuesto en la Ley, parece imponer como regla general la expulsión y como excepción la multa). Lo que importa ahora es retener que, en los casos de permanencia ilegal, la Administración, según los casos, puede imponer o bien la sanción de multa o bien la sanción de expulsión.

 

2º.- En el sistema de la Ley la sanción principal es la de multa, pues así se deduce de su artículo 55-1 y de la propia literalidad de su artículo 57-1, a cuyo tenor, y en los casos, (entre otros) de permanencia ilegal, “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional”,


3º.- En cuanto sanción más grave y secundaria,

la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, ya que ésta es castigada simplemente, como hemos visto, con multa. Según lo que dispone el artículo 55-3, (que alude a la graduación de las sanciones, pero que ha de entenderse que resulta aplicable también para elegir entre multa y expulsión), la Administración ha de especificar, si impone la expulsión, cuáles son las razones de proporcionalidad, de grado de subjetividad, de daño o riesgo derivado de la infracción y, en general, añadimos nosotros, cuáles son las circunstancias jurídicas o fácticas que concurren para la expulsión y prohibición de entrada, que es una sanción más grave que la de multa.

 

4º.- Sin embargo, resultaría en exceso formalista despreciar esa motivación por el hecho de que no conste en la resolución misma, siempre que conste en el expediente administrativo.

En efecto:

 

A) Tratándose de supuestos en que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos, es claro que la Administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a la sanción de expulsión, ya que la permanencia ilegal, en principio, como veíamos, se sanciona con multa.

B) Pero en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará ésta de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora.”


En definitiva mi representado merece una oportunidad para poder legalizar su situación, no ya solo por las circunstancias expuestas, sino también por evidentes motivos humanitarios, pues expulsar a un hombre que se ha integrado en nuestro país y convive con su familia, supondría dejarle en una situación de desamparo material y afectiva, que de ninguna manera puede estar amparada por la trascendencia de los hechos, que reitero, ha sido únicamente carecer de documentación en el momento de su detención.

 

Por lo expuesto,

 

SOLICITO, que teniendo por presentado el presente escrito se sirva admitirlo y tener por efectuadas las alegaciones que anteceden y en su virtud acuerde archivar el presente expediente y subsidiariamente para el supuesto de no estimarse la anterior solicitud se acuerde la imposición de sanción pecuniaria en lugar de la expulsión solicitada.